Mientras las autoridades de la mina Gualcamayo destacan mejoras en la gestión, las asambleas ciudadanas denuncian que los métodos utilizados siguen siendo altamente contaminantes, generando preocupación en la comunidad de Jáchal.
Denuncias de contaminación: sin zonas protegidas
A pesar de las promesas de la mina Gualcamayo y sus nuevas autoridades, las asambleas ciudadanas continúan denunciando el uso de métodos contaminantes para la extracción de minerales. Las preocupaciones giran en torno a los procesos de lixiviación y la falta de regulaciones claras que limiten el uso de químicos tóxicos en el área.
Resulta alarmante que ni el gobierno provincial ni las autoridades mineras han establecido zonas protegidas que regulen estrictamente la explotación minera y el uso de sustancias peligrosas. Esto deja a la comunidad expuesta a los riesgos ambientales de una actividad que, según los vecinos, no ha sido suficientemente controlada.
Cambios en la gestión: ¿suficientes?
Desde que la empresa Minas Argentinas cambió de manos, el nuevo equipo de la mina Gualcamayo insiste en que ha habido un cambio rotundo en la administración y en las operaciones. Marcelo Agulles, Gerente de Relaciones Comunitarias y Comunicaciones, asegura que se han optimizado los procesos de recuperación y exploración, y que la mina ahora está en mejores condiciones financieras y operativas.
Sin embargo, las mejoras financieras y la optimización del proceso no abordan las preocupaciones ambientales. La lixiviación sigue siendo una técnica cuestionada por su impacto en el suelo y los recursos hídricos, algo que las asambleas ciudadanas no dejan de señalar.
Expectativas incumplidas para la comunidad
A pesar de los esfuerzos de la mina por fortalecer la relación con la comunidad, con proyectos de infraestructura y capacitación, los ciudadanos de Jáchal mantienen una desconfianza creciente. Las promesas de transparencia y desarrollo no han logrado disipar los temores sobre los posibles daños al medioambiente y la salud pública.
La suspensión del plan de cierre de la mina, anunciada en octubre de 2023, ha generado dudas sobre el futuro de la región. Los ciudadanos se preguntan si el compromiso de las autoridades mineras será suficiente para mitigar los riesgos, o si se trata solo de una estrategia para prolongar una operación que ya ha generado conflictos en el pasado.
Las preguntas quedan en el aire: ¿serán suficientes las medidas anunciadas para garantizar un equilibrio entre la explotación minera y la protección ambiental?
